DEMANDAR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POR CAUSAS O MOTIVOS POLÍTICOS

Fragmentos tomados del libro de Mario Mencía, La prisión fecunda, editora política/la Habana, 1980, pp. 201, 202 y 203-206.

Desde hace varios meses hemos publicado en este boletín algunas de las cartas escritas por Fidel Castro Ruz desde prisión, sin embargo de febrero de 1955 no poseemos carta alguna. Es por eso, que acudimos al mencionado y tomamos algunos párrafos de los acontecimientos que estaban ocurriendo hace 60 años en ese mes.

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Con euforia en la primera semana de febrero Fulgencio Batista recibía en apretado abrazo al vicepresidente norteamericano Richard Nixon, de paso por Cuba como escala de un recorrido por Centroamérica. Consagración suprema, el artifice de la “revolución del 10 de marzo” recibía la bendición aprobatoria de sus progenitores. […]
El 8 de febrero se reunía el Comité Ejecutivo del ilegalizado Partido Socialista Popular para denunciar, una vez más, el carácter anti obrero de la dirigencia cetekaria, aliada descaradamente a la tiranía y el imperialismo. El PCP llamaba a unirse en torno al rechazo de la cuota sindical obligatoria que, en el albur de arranque, había sancionado el saliente gabinete ministerial el 27 de enero. [Las elecciones se habían celebrado en noviembre de 1954].
Los traidores Mujal, José Luis Martínez , Bolaños y compañía —se detallaba en la denuncia— arguyen hipócritamente que la cuota sindical obligatoria es buena para los obreros porque la combaten ciertos elementos de la burguesía. Nada más falaz. […]
En ese manifiesto, el Partido Socialista Popular llamaba también a “unir sus fuerzas en la batalla por la amnistía para todos los presos políticos y sociales y por la anulación de las elecciones- farsa de noviembre, la restauración de la democracia y la convocación de nuevas elecciones generales con la participación de todos los partidos obreros, antimperialistas y democráticos, a fin de que el pueblo pueda elegir un gobierno de Frente Democrático Nacional que ponga en práctica la solución democrática de la crisis”.
En reunión conjunta la Cámara y el Senado proclamaban el 18 de febrero a Fulgencio Batista y Zaldívar y a Rafael Guas Inclán como presidente y vice, respectivamente, de la República; y el día 24, sarcástica conmemoración del 60º aniversario del inicio de la guerra necesaria martiana, tomaban posesión los insignes patriarcas de las dos más elevadas magistraturas del país.
Ese mismo día se abrogaban los denominados Estatutos Constitucionales que había sustituido grotescamente a la Constitución de 1940, que 25 años atrás se había firmado en Guáimaro y proclamado en el Capitolio. La Ley Fundamental de la República aparentaba recuperar su vigencia de papel, aunque convoyada por un apéndice que estipulaba “el respeto a todos los mandatos surgidos de noviembre”. […]
Día de variados acontecimientos, ese mismo 24 de febrero salía a la calle un manifiesto de especial significado en favor de la amnistía. Aunque lo firmaban personas de la más variada aspiración ideológica, excluidos, desde luego, los comunistas, muchas de las rúbricas que en él aparece —aunque haya unas honrosas excepciones— equivalen al punto exacto en que la derecha oposicionista toma partido frente a Batista en la cuestión de la libertad de los presos políticos. Su texto fue ampliamente difundido por la prensa. En el “reiterado repudio a la violencia” (en un sentido: repudio a la Revolución) se manifiesta el carácter clasista de muchos de sus firmantes. Fue publicado bajo el título de Apelación Pública, y en él se expresaba:
Conscientes de responsabilidad ciudadana e inspirados en los mismos ideales que movieron el entusiasmo y la fe cívica del pueblo cubano en la gesta emancipadora que ahora, conmemoramos, nos dirigimos a la opinión pública, para demandar la libertad de los presos por causas o motivos políticos y garantías para el regreso de los exilados, sin limitaciones o exclusiones que contribuyan a desmerecer las posibilidades de pacífica convivencia que a todos interesa por igual. Los firmantes de este documento y las grandes mayorías nacionales —sin vacilaciones ni distingos— hemos insistido en la necesidad de estabilizar la República propiciando un verdadero clima de paz cívica capaz de permitir, al propio tiempo que un retorno a la institucionalidad democrática, la prédica política que sustentan grupos de ciudadanos de incuestionable militancia adversa a los actuales representantes de los poderes públicos. En
El problema cubano ha de plantearse en paridad de dignidad, de honor y de valor cívico. Mientras un grupo pretenda administrar los intereses de la mayoría y un andar —no gobernar— seguiremos sin paz; el ambiente de paz es necesario para resolver la angustiosa crisis nacional. La libertad de los presos políticos no es una consecuencia de la paz. Es una causa para entrar en la paz. Impuestos de nuestro reiterado repudio a la violencia —esencia misma del ideario común que profesamos— demandamos previsoramente y señalamos el deber de los que se han constituido en Gobierno para que prueben el propósito que dicen animarlos de trabajar por la paz por vías de la Constitución de 1940 y del respeto a la Ley y a la Justicia. Y en mérito a esa declaración y al clamor del pueblo ansioso de rectificaciones que nos conduzcan al disfrute pleno de la dignidad del hombre y el progreso nacional, dejamos en su exclusiva responsabilidad histórica la decisión más alta de este grave conflicto, cuyas derivaciones consiguientes queremos evitar con esta apelación pública que esperamos sea definitiva y trace en el futuro de la patria los senderos de concordia y dignidad que inspiran nuestras mejores tradiciones nacionales.
No había dudas, el acontecer nacional marchaba a tubos, a golpes de coincidencias, encuentros y desencuentros y, en ocasiones, antagónicos contrastes.

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