Cuba dicta las medidas que juzga más adecuadas para su pueblo

Tomado del libro de Eugenio Suárez Pérez y Acela Caner Román: Fidel: EN EL AÑO DE LA LIBERACIÓN. Casa Editorial Verde Olivo, 2006.

Bajo el título “Insolente nota de los norteamericanos”, el periódico Hoy del 12 de junio hace pública la información sobre una nota oficial entregada al Gobierno Revolucionario por el embajador de Washington en Cuba.
El embajador de los Estados Unidos Mr. Phillip Bonsal ha entregado al canciller cubano, doctor Agramonte, una Nota Oficial del Departamento de Estado en que el gobierno norteamericano formula objeciones a la reforma agraria y realiza un acto de insolente intervención en los asuntos nacionales.
Sin embargo, la sesión del Consejo de Ministros del día 11 de junio nombra a Raúl Roa nuevo ministro de Estado del Gobierno Revolucionario, en lugar del doctor Agramonte. Y es Roa quien hace llegar a Phillip Bonsal la respuesta a la Nota Oficial del gobierno de Estados Unidos.
Señor Embajador:
Tengo el honor de acusar recibo de la atenta nota de Vuestra Excelencia tocante a la Ley de Reforma Agraria que, en uso de potestades y prerrogativas inherentes a todo Estado soberano, acaba de promulgar el Gobierno Revolucionarios de Cuba.
Aunque en cierto sentido el tono de dicha nota trasluce la “comprensión” y “simpatía” del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, por los objetivos cardinales de la Reforma Agraria, —su consideración de conjunto arroja, en cambio, un saldo de reservas, prevenciones y reparos en cuanto a la forma de llevar a cabo la trascendental e irrevocable medida—. No discutimos el derecho del Gobierno que Vuestra Excelencia tan dignamente representa, de exponer su criterio sobre materias que estima de “profundo y legítimo interés para los consumidores norteamericanos de productos cubanos y para los inversionistas de los Estados Unidos en Cuba”. Lo que discute y objeta el Gobierno Revolucionario de Cuba es la validez que pretende otorgarse a meras presunciones y la renuencia implícita al sistema de pagos que se ha visto compelido a adoptar. Abrigamos, no obstante, la esperanza de que la puntualización de esos extremos podría contribuir a modificar la opinión sustentada al respecto, ya que aparentemente, las divergencias entre ambos Gobiernos son más adjetivas que esenciales.
Si bien es facultad inalienable del Gobierno Revolucionario dictar, en el ejercicio de su Soberanía y al amparo de tratados, convenciones y pactos de carácter universal y regional, las medidas que juzgue más adecuadas para impeler y asegurar el desarrollo económico, el progreso social y la estabilidad democrática del pueblo cubano, es motivo de grata complacencia, sin embargo, consignar —el expreso reconocimiento que hace su Gobierno del derecho que asiste al nuestro, desde el punto de vista de su jurisdicción interna y a la luz del régimen jurídico internacional, de expropiar la propiedad de ciudadanos norteamericanos con fines de carácter público y de utilidad social, mediante la indemnización correspondiente. Este reconocimiento constituye, sin duda, una satisfacción moral para el pueblo cubano, interferido o entrabado, muchas veces, en la consecución de sus legítimas aspiraciones por la adversa conjunción de factores nacionales y foráneos—. A satisfacerlas de modo gradual es que se enderezan, precisamente, los esfuerzos del Gobierno Revolucionario y, a ese efecto, se ha encarado, en primer término, con el apremiante problema de la transformación del régimen de tenencia de la tierra, que es el supuesto indispensable, en todo país subdesarrollado, de su progreso industrial, político, social y cultural.
Sin la proscripción del latifundio y la redistribución apropiada de la tierra, Cuba continuaría económicamente estancada y en aumento creciente el ritmo del desempleo. Tan insoslayables son esas medidas para el bienestar del pueblo cubano, como lo hubiera sido para el de las primitivas trece colonias norteamericanas de no haber contado éstas con un colosal banco de tierras hacia el oeste, que les permitió expansionar su economía cada vez que así lo exigieron las necesidades de su desarrollo. Y, a tal punto resultan un obstáculo decisivo para el progreso económico y son causa del escaso rendimiento de la productividad agrícola y del bajo nivel de vida las condiciones semifeudales subsistentes en muchos países de América, Asia y África, que la O.N.U., la O.E.A., la CEPAL y la O.I.T. han instado constantemente a los pueblos y Gobiernos de esas regiones a que estudien y ejecuten, a la mayor brevedad, la transformación del régimen de propiedad rural. No hace muchos días volvió a reiterarlo el Consejo Económico y Social de la O.N.U., reunido en México. La actitud del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en los organismos internacionales al plantearse esta cuestión ha sido, en efecto, “consistente e inequívoca”.
La preocupación fundamental que traduce la nota de referencia —suma y compendió de las reservas, prevenciones y reparos que contiene— es la forma de pago adoptada por el Gobierno Revolucionario de Cuba para indemnizar a los ciudadanos norteamericanos cuyas propiedades pudieran ser objeto de expropiación a tenor de la Ley de Reforma Agraria. Es cierto que la Constitución de 1940 y la Ley Fundamental vigente disponen que el precio de las expropiaciones se abone por anticipado y en efectivo en la cantidad judicialmente tasada. Pero no es menos cierto, también, que la mencionada forma de indemnización está inexorablemente impuesta por hechos que son del dominio público; la caótica situación económica y financiera en que sumió al país la tiranía derrocada y el considerable desnivel de la balanza de pagos entre los Estados Unidos de Norteamérica y Cuba, que nos ha sido desfavorable, durante los últimos diez años, en una cuantía aproximada de mil millones de dólares. Huelga advertir que sin la ocurrencia de esos hechos, el Gobierno Revolucionario habría estado en condiciones de afrontar el cumplimiento de la susodicha obligación constitucional. En lo que al desfalco concierne, la responsabilidad cae, totalmente, sobre quienes emplearon los recursos del tesoro público y las reservas de las instituciones de crédito estatales en su ilícito enriquecimiento personal y en la compra indebida de material de guerra destinado al implacable exterminio del pueblo cubano. No es ocioso añadir que si fuera dable recobrar los cuantiosos fondos sustraídos al erario público y depositados en bancos extranjeros, la extinción del latifundio y la Reforma Agraria podrían consumarse en condiciones más benignas para los intereses afectados.
Pero entre la obligación constitucional que impone la proscripción del latifundio y realizar la Reforma Agraria y el precepto que dispone el pago previo en efectivo de las tierras expropiadas, el Gobierno Revolucionario, en uso del poder constituyente de que está investido por la soberana voluntad del pueblo cubano erguido heroicamente en armas contra sus opresores y de la investidura plausible que le confiere el abrumador respaldo de que goza —fuentes primigenias de su legitimidad democrática— ha optado por la forma de indemnización que, dada las circunstancias aludidas, juzga más conveniente a los supremos intereses de la nación, los cuales antepone a cualquier otro por respetable que sea. Por fuerza incontrastable de los hechos asimismo, el Gobierno norteamericano, al promover la reforma agraria en el Japón, ordenó la transferencia, en el plazo de cuatro meses, de las fincas de los terratenientes a sus ocupantes, instituyéndose, como forma de indemnización, la emisión de bonos agrarios que devengaban el 3.5 % de interés, redimibles en pagos anuales durante veintidós años. Si cabría alegar que Japón era entonces un país ocupado, el Gobierno revolucionario de Cuba puede aducir que se encontró con las arcas devastadas y procede en consonancia.
En la gigantesca empresa que ha iniciado de transformar las bases económicas y sociales de la vida cubana, con una concepción de fines y medios traspasada de generoso sentido humano, el Gobierno Revolucionario no ha omitido ni intenta omitir a cuantos han contribuido a la expansión y progreso de la economía cubana, y no solo aspira a obtener su leal cooperación, sino, además, su benéfico concurso al brindárseles la oportunidad de incorporarse a los planes de industrialización ya en desarrollo o en proyecto. Nunca, como ahora, el pueblo cubano necesita y agradece la contribución y el respaldo de todos aquellos que en el pasado han constituido un factor de positivo adelanto nacional y han ajustado su conducta a las prescripciones de nuestra legislación. Y, por eso, vería, con sumo agrado, que el Gobierno de Vuestra Excelencia indujese a los inversionistas norteamericanos afectados por la Reforma Agraria a que coadyuvasen al desarrollo global de la economía cubana dentro de la política planificada que se está llevando a efecto.
La finalidad de esta política creadora, cuya piedra angular es la Reforma Agraria, es incrementar la productividad, alentar las inversiones, aumentar el nivel de vida y eliminar el desempleo, lo cual garantiza, ampliamente, el suministro de productos cubanos a los consumidores norteamericanos. La forma de ejecución de los planes cuidadosamente elaborados al respecto habrá de asegurar la expansión y el progreso de la economía cubana y su plena realización traerá aparejados la tranquilidad pública, el bienestar social y el robustecimiento del régimen democrático. La experiencia histórica demuestra que la verdadera razón de la inestabilidad política, la injusticia social, la corrupción administrativa y el atraso cultural es el subdesarrollo económico.
El Gobierno Revolucionario de Cuba nunca ha renunciado al diálogo ni desconocido la opinión disidente. Ha escuchado siempre, con atención y respeto, las opiniones de todos y, aún más, las de quienes pueden resultar afectados por sus resoluciones y medidas, que han usado y están usando, sin cortapisas, el derecho a expresarlas públicamente. En el caso concreto de la Ley de Reforma Agraria, sí oye, con genuino espíritu democrático, todas las sugerencias y observaciones que se le formulen, se arroga la facultad de decidir lo que estime más acorde con los intereses vitales del pueblo cubano, y no admite, ni admitirá, ninguna indicación o propuesta que tienda a menoscabar, en lo más mínimo la soberanía y la dignidad nacionales.
En atención a lo expuesto, y teniendo presente las tradicionales relaciones de amistad y cooperación que ligan estrechamente a nuestros pueblos, el Gobierno Revolucionario de Cuba confía, con sobra de fundamentos, que el Gobierno de los Estados Unidos de América comprenda y valore las poderosas razones que justifican la forma que, en orden a las indemnizaciones se aplicará la Ley de Reforma Agraria, y las ponga en conocimiento de los ciudadanos norteamericanos que pudieran ser afectados, interponiendo a la par sus buenos oficios en aras de un mayor fortalecimiento de nuestros vínculos históricos y económicos.
Aprovecho la oportunidad, señor Embajador, para reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.
Raúl Roa

(Bohemia, (25), La Habana, junio 21 de 1959, p. 77 y sup. 14.)

 

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